GUATEMALA/REGIÓN
Lucha por radios comunitarias sigue cuesta arriba
• Más de una radio por semana allanada en 2006
• activistas impulsan reforma legislativa para defender derechos de las radios comunitarias
• Coyuntura política poco favorable
La política represiva hacia las radios comunitarias sigue adelante. Durante 2006, el Ministerio Público (MP) allanó alrededor de 60 radios denunciadas por «transmitir ilegalmente», y el ente investigador pretende seguir haciendo lo mismo durante 2007. Representantes del MP argumentan que simplemente están cumpliendo con la ley General de Telecomunicaciones, que sugiere la persecución penal de cualquier radio que no cuenta con la autorización previa para la transmisión de frecuencia radioeléctrica. En este marco, varios activistas están impulsando un proyecto de defensa y definición de las radios comunitarias que busca reformar la ley para que la misma se adecúe a las legislaciones internacionales en materia de Derechos Humanos, y para dejar de privilegiar a sectores económicos fuertes al subastar las frecuencias al mejor postor. Aunque la reforma es vista con buenos ojos, es muy improbable que llegue a ser discutida en el Congreso de la República durante 2007. Esto no sólo por ser un año electoral, sino por la poca importancia que se da al tema, incluso, dentro de las organizaciones sociales.
CONTEXTO REGIONAL. Sin espacios para el disenso y la crítica, difícilmente se puede hablar de la existencia de una sociedad democrática. Los medios de comunicación social, principalmente la radio, han sido reconocidos como uno de los principales vehículos de la libertad de expresión... Las Radios Comunitarias y Populares han nacido con la convicción de promover el desarrollo humano de sus pueblos y comunidades con la palabra transmitida a través del Espectro Radioeléctrico.
Así empieza el informe regional sobre los marcos regulatorios de la radiodifusión en Centro América, Democratizando la Palabra . El documento agrega que cabe preguntarse si la legislación vigente en la región es adecuada para el funcionamiento y la expansión de las radios comunitarias o si, por el contrario, las disposiciones legales y la lógica que les dio nacimiento son un escollo a superar para continuar cumpliendo los grandes objetivos sociales de estos medios de comunicación alternativa.
Parece ser que lo posterior sigue siendo el caso en todos los países del istmo, donde la práctica y algunas regulaciones jurídicas –como aquellas que permiten alquilar o vender e incluso heredar la concesión– prácticamente han desnaturalizado el carácter público del espectro radioeléctrico. Por eso, todos los estudios nacionales reconocen la necesidad de construir un nuevo marco jurídico en materia de radiodifusión.
Mientras exista un marco jurídico marcado por la lógica de la subasta y los criterios mercantiles para conceder frecuencias, por más que se logren avances técnicos para ampliar la capacidad del espectro, las empresas comerciales tendrán más ventajas para obtener las frecuencias , según Carlos Interiano , abogado y consultor del informe.
LUCHAN POR REFORMAR LA LEY. En Guatemala la lucha por reformar la normativa jurídica que regula la radiodifusión inicia hace aproximadamente ocho años, y toma fuerza en julio de 2006 cuando se lanza oficialmente el proyecto de defensa y promoción de los legítimos derechos de las radios comunitarias en Guatemala. Este proyecto, impulsado por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias ( AMARC ), la red Open Society Institute ( OSI ) y la Fundación Soros Guatemala ( FSG ), busca elevar el perfil de las radios comunitarias e intenta diferenciar las verdaderas radios comunitarias de las radios religiosas y/o comerciales que por su área de cobertura u otras características se autodenominan comunitarias.
Existen 1,200 radios no autorizadas y de esas unas 100 si muchos son realmente comunitarias, según datos de AMARC .
En este marco, se han desarrollado actividades encaminadas al impulso de las recomendaciones del relator especial de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ), misma que establece garantizar la puesta en práctica de políticas que incorporen criterios democráticos y la igualdad de oportunidades en el acceso a las concesiones de espacios de televisión y radiodifusión, en concordancia con los compromisos asumidos por el Estado con la firma de los Acuerdos de Paz en 1996.
El trabajo desarrollado hasta el momento se encamina al impulso de la Mesa Nacional de Radios Comunitarias, cuyo objetivo es la elaboración de una reforma a la ley General de Telecomunicaciones, para que la misma se adecúe a las legislaciones internacionales en materia de derechos humanos y específicamente se responda a la recomendación citada.
AMARC desarrolló un monitoreo de la situación de criminalización de las radios comunitarias en el país, y han buscado establecer las bases jurídicas del Estado para iniciar la persecución penal de aquellas radios llamadas comunitarias que no cuentan con la autorización previa para la transmisión o utilización de frecuencia radioeléctrica.
Hasta el momento el actuar del MP ha sido amparado por la Corte de Constitucionalidad, pero en el tema específico de la capacidad y legalidad del ente investigador, para solicitar órdenes de allanamiento o inspección de lugares donde se considere se comete un delito, no se ha discutido todavía en el ámbito constitucional si se puede o no calificar de delito el hecho de utilizar una frecuencia de autorización , explicó Romeo Monterrosa , abogado de AMARC .
Según Monterrosa , los avances al momento son cortos, pero significativos, pudiendo enumerarlos como grandes avances en el proceso. Esto pese a la posición política del Estado de Guatemala, quien ha demostrado su falta de voluntad para la atención del tema .
El director de AMARC en Guatemala, Ricardo Sandoval , alega que el trabajo de su organización se ha realizado en medio de medidas de presión por parte del MP (que sigue realizando allanamientos y cierres de radios comunitarias), la ausencia total de las entidades del Estado en la discusión y la apatía y destierres de la misma entidad encargada de la administración de las Frecuencias: la Superintendencia de Telecomunicaciones ( SIT ).
RESPUESTAS OFICIALES. Respondiendo a las críticas de AMARC , el agente fiscal del MP , Rolando Rodenas , dijo que el ente investigador simplemente está cumpliendo con la ley.
Somos un ente apolítico , explicó Rodenas . Tenemos que dar seguimiento a los hechos que son denunciados (por la Cámara de difusión, la SIT y personas individuales), pero no estamos interesados en ver si la radio es comunitaria o no.
El agente considera que esto es una cuestión para los tribunales, inclusive la Corte de Constitucionalidad que ha asegurado que las frecuencias son un bien del Estado y que las radios que operan sin licencia están robando su patrimonio . No estamos atacando a las radios comunitarias, simplemente les estamos investigando… pero en la mayoría de los casos hemos encontrado que las radios operan de manera flagrante, agregó.
En actualidad, de las aproximadamente 60 radios allanadas en 2006, menos de la mitad (28) han recibido sentencias condenatorias.
Mientras tanto, el gerente de regulación de frecuencias de la SIT , Willy Cabañas , dijo a Inforpress que tampoco podía emitir una opinión sobre los allanamientos de las radios comunitarias porque era un tema político y la SIT sólo trabaja propuestas técnicas. En este marco, comentó que su organización ha tenido bastantes acercamientos con la Comisión Presidencial de Derechos Humanos ( COPREDEH ) para ver cómo seguir adelante con el tema.
Desde 2005 la SIT ha hecho estudios de campo para ver cómo aprovechar el espectro radioeléctrico y de ahí, hemos presentado nuestras recomendaciones a la COPREDEH a mediados de 2006.
El punto clave de las recomendaciones de la SIT es una propuesta técnica para incrementar la distribución de frecuencias por zonas, de tal manera que la mayoría de los municipios (220 de 333) podrían ser beneficiados.
No obstante, varios analistas de medios cuestionan la supuesta imparcialidad del MP y la SIT . Es absurdo que un ente que se fundó para proteger a los periodistas se está metiendo con las radios comunitarios, eso demuestra la correlación de fuerzas , dijo Iliana Alamilla , directora del Centro de Reportes Informativos de Guatemala ( CERIGUA ).
Los argumentos que dan son muy discutibles, sobre todo lo del bien jurídico que se está reclamando , agregó Alamilla .
Por su parte, Myrna Ponce , presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, considera que en el ámbito comercial y político se ha confundido lo que realmente son las radios comunitarias y se ha malentendido su función eminentemente social.
Tienen un rol fundamental en las relaciones de las comunidades rurales, y no tienen nada que ver con las grandes radios comerciales como Emisoras Unidas que no tienen que sentirse amenazadas.
La diputada cita el ejemplo de la radio comunitaria de Cubilzuiz, cuya programación llega a una región donde todos hablan q'eqchi. Entonces ahí qué competencia van a tener con Emisoras Unidas? pregunta. Está asustando a un enanito con un Goliat, dijo .
El Goliat en este caso es Ángel González , el empresario mexicano que vive en Miami y que posee numerosos medios de información en Guatemala, que utiliza con fines políticos.
Alfonso Gumucio , director ejecutivo de Comunicación para el Cambio Social ( CCCS ) , dijo: tan desmedido es su poder, que todos los candidatos a la presidencia de la República de partidos tradicionales, lo visitan para obtener su apoyo .
En ese contexto, dice Gumucio , el Estado es prisionero de los medios privados. Basta escuchar en Emisoras Unidas ese jingle muy agresivo contra las radios comunitarias, que exige al gobierno cerrar las emisoras piratas, apresar a los directores y secuestrar los equipos de transmisión… Una presión de esa naturaleza sobre el Estado, se traduce en acciones policiales completamente injustificadas . Sobre la confiscación de los aparatos, Ponce dijo que no sabe si es legítimo o no, pero rompe ciertos estándares en cuanto la libertad de pensamiento .
CAMINO COMPLICADO. En cuanto al futuro del proyecto de AMARC , sus representantes Alvarado y Monterrosa se manifiestan optimistas. Ya tienen un primer borrador de su reforma a la Ley General de Telecomunicaciones, que según ellos formará la base de discusión este año. Un 80% de los que participen en la mesa están de acuerdo con la propuesta, lo cual representa un avance significativo , dijo Monterrosa .
Los activistas estiman que el espectro radioeléctrico tiene entre 5-15% de las frecuencias libres, pero que con la posible digitalización del espectro en unos años se podrían liberar muchas más. Dentro de la mesa se está proponiendo una visión a futuro para poder aprovechar de estas posibilidades, tal como ha ocurrido en México, dijo Alvarado .
La diputada Ponce dijo que vería bien si la propuesta se entrega a la Legislatura este año y que se debata en el Congreso en 2008. Este año será complicado porque el tema se ha convertido algo álgido por las elecciones.
Alamilla comparte este pronóstico pero cree que la coyuntura es adversa no sólo en Guatemala pero a nivel mundial donde las grandes transnacionales están comiendo las frecuencias.
La experta en medios cree que es muy importante construir una correlación de fuerzas, pero que esto será difícil mientras que el movimiento social nunca reivindica su libertad de expresión y sigue fracturado.. . En los análisis de la situación se confunde mucho la libertad de expresión y de prensa, y por eso no se cuenta con medios de comunicación que expresan las voces de los pueblos excluidos .
Gumucio reconoció que el movimiento de radios comunitarias de Guatemala no ha sido capaz de hablar con una sola voz. Hay demasiadas redes para un país tan chico, y ninguna ha sido capaz de mostrar cierta influencia y peso. Cada una cuida su pequeño espacio, el rincón en el que sobrevive a la sombra del miedo a alzar la voz.
James Smith