GUATEMALA

Desde hace una década se les acusa de muerte de sindicalistas

Implicación de los empresarios en el conflicto: ¿Sólo responsabilidad moral?

Durante 1980, los sindicatos urbanos se radicalizaron y fueron reprimidos con brutalidad. En la celebración del 1 de mayo de aquel año, 32 sindicalistas fueron secuestrados en el Parque Centenario de la ciudad capital. El 21 de junio, desaparecieron 27 dirigentes de la Central Nacional de Trabajadores y el 24 de agosto otros 17 más. Según el Informe del REMHI, sólo en ese año 110 dirigentes sindicales fueron asesinados. ¿Quiénes fueron los responsables de tales actos de brutalidad? En las últimas semanas, a raíz de la celebración del décimo aniversario del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, mucho se ha insistido en la culpabilidad del Ejército y la Policía; dejando a un lado las implicaciones de la empresa privada. Sin embargo, ya el REMHI, concluyó que muchos empresarios fueron culpables también.

En Guatemala es bien sabido el nombre de quienes ocupaban altos cargos del gobierno cuando un enorme número de atrocidades fueron perpetradas durante la guerra. Pero no es suficiente para un juicio; se necesitan pruebas que evidencien que se siguió una cadena de mando. Es precisamente por esta razón que dos fuentes de archivos escritos, una perteneciente al Ejército y la otra a la Policía Nacional ( PN ), han atraído tanta atención en las últimas semanas.

Una pequeña parte del contenido de los archivos de la PN se dio conocer en la reciente semana. El organismo a su cargo, la Procuraduría de los Derechos Humanos, emitió un informe en el que se concluye, entre otras cosas, que el Ejército sometió a la Policía a su estrategia contrainsurgente, convirtiéndola en una institución represiva y de control social (véase pagina 4).

Entorno a los archivos militares, el problema reside precisamente en la opacidad que todavía hoy los protege. El poder judicial requirió al Ministerio de Defensa que entregase cuatro planes militares el 25 de febrero, pero los uniformados no cumplieron con la orden. El Ministro del ramo, Abraham Valenzuela , argumentó que los planes habían sido destruidos durante el gobierno anterior y el presidente Álvaro Colom , posteriormente, creó una comisión cuya misión es desclasificar todos los archivos militares elaborados entre 1954 y 1996. Algunos analistas creen que después del nacimiento de esta instancia ya no se sabrá más del proyecto ( Inforpress 1791).

Pero hay una tercera clase de récords que documentan el comportamiento que una tercera clase de personas tuvieron durante el conflicto. Se trata de los empresarios, y los archivos que se refieren a ellos, no son un secreto. La implicación del sector privado fue descrita hace ya más de una década en el Informe del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica ( REMHI ), elaborado por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. El REMHI concluyó a este respecto que no sólo el Ejército fue culpable por la brutalidad de la guerra, sino muchos empresarios también tuvieron su cuota de responsabilidad.

“En los meses previos a mayo de 1980 cuando el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras ( CACIF ), junto con el Estado Mayor General del Ejército ( EMGE ), organizaron con grandes recursos El Plan de los Mil Días , una gigantesca campaña anticomunista cuyo objetivo era crear un clima que justificara la escalada de la brutal represión que se avecinaba”, afirmaba el REMHI . Entre los empresarios que trabajaron en este plan se encontraría el entonces director de la Asociación de Gerentes, Francisco Pérez de Antón , quien también había fungido como presidente del Grupo Multinversiones, propiedad de la familia Gutiérrez Bosch .

Según el REMHI , “el principal éxito de esta colaboración (…fueron) los fuertes golpes que sufrió el Frente Luis Lima (del Ejército Guerrillero de los Pobres), establecido en la costa Sur, la zona de interés de los empresarios agroexportadores.”

Pero además, este Plan de los Mil Días también resultó en “la total desarticulación de la oposición política legal, del movimiento sindical y otras manifestaciones del movimiento popular.”

Socios enfrentados

Durante siete años, a lo largo de la década de los años noventa y la década actual, el sociólogo británico Roman Krznaric elaboró una especie de estudio antropológico sobre la oligarquía guatemalteca. Entrevistó a una treintena de miembros de la élite tradicional, muchos ampliamente conocidos, y conversó con ellos sobre una variedad de temas; desde la tierra a la política, pasando por la seguridad. Pero en su libro aún inédito, Lo que los Ricos no Cuentan a los Pobres , Krznaric concluyó que muy pocos empresarios estuvieron dispuestos a hablar sobre el involucramiento del sector empresarial en la guerra. Y si efectivamente dijeron algo, la tendencia fue minimizar el rol de grupos como CACIF , destacando el rol de empresarios individuales.

Y aunque el REMHI deja claro que no era raro que CACIF y los militares trabajasen codo a codo, es evidente que fueron unos socios con constantes tensiones. Según Mara Luz Polanco , catedrática en la facultad de Economía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, CACIF tuvo su origen en 1957 por una serie de necesidades paradójicas: los empresarios necesitaban a los militares pero al mismo tiempo tenían que contenerlos.

Según un artículo escrito por Polanco títulado “La Participación de la Élite Económica en el Proceso de Transición a la Democracía”, CACIF surgió precisamente para contrarrestar el creciente poder del Ejército, en un contexto en que la oligarquía lo necesitaba para luchar contra las fuerzas simpatizantes del recién derrocado gobierno revolucionario. “(Era obvio) que la política de guerra que se empezaba a gestar, no necesariamente sería compatible con las necesidades de los capitales nacionales”, relataba la académica.

Este tipo de pactos, por cierto, fue un patrón que se repitió en muchos Estados latinoamericanos. Pero en algunos países, como en Nicaragua, la coalición entre militares y empresarios se rompió. Como señala Marta Elena Casaús Arzú en “La recomposición del bloque del poder y el retorno de las élites centroamericanas”, publicado en 1993, una cantidad significativa de miembros de las élites tradicionales en Nicaragua se unieron a los sandinistas contra el régimen Anastasio Somoza . Éste fue un factor importante en la caída del dictador en 1979.

En Guatemala, las tensiones existieron pero nunca acabaron en un rompimiento total. Como señala el REMHI , a finales de los 70, la guerrilla guatemalteca, en gran medida inspirada por los sandinistas, revivió de nuevo, buscando alianzas con las luchas sociales en la ciudad y en el campo. “Esta situación llevó un sector mayoritario de la dirigencia empresarial a establecer un pacto con la cúpula militar en el gobierno para desarticular el movimiento popular, considerado un brazo más de la insurgencia. La alianza desató la peor ola de represión contra las organizaciones populares en la historia del país,” expresa el informe.

Plata y Sangre

Esta estrecha colaboración, cada vez más conflictiva, se fue deshaciendo durante los años 80. En gran medida, fueron los temas económicos, los que harían pedazos la alianza. Ciertos sectores militares y sus aliados se habían apoderado de negocios importantes y habían acabado por representar una competencia para las élites tradicionales. Un tema especialmente sensible era la reforma tributaria. El Ejército quería que los empresarios pagasen más para financiar la contrainsurgencia pero las cámaras empresariales se resistieron. ¿Podría la élite económica redimir su implicación en la violación de Derechos Humanos, por haber roto con los militares precisamente durante la época más sangrienta de la guerra?

Por lo menos tres estudios – todos realizados por académicos que entrevistaron a miembros de la élite económica – han abordado las relaciones entre los dos grupos dominantes durante este periodo. Cada uno de los trabajos llegó a conclusiones distintas con respecto a la ayuda financiera que los empresarios proporcionaron al Ejército en aquellos años.

La académica norteamericana, Rachel McCleary , autora de un estudio sobre el autogolpe de presidente Jorge Serrano Elias , en 1993, titulado “Imponiendo la Democracia: Las élites guatemaltecas y el fin del conflicto armado” (1999), argumentó que el único sector empresarial, que cooperó activamente con las dictaduras militares de Lucas García y Ríos Montt , fue el de los finqueros.

“Aunque la nacionalización de la violencia estatal era necesaria para derrotar la insurgencia, la violencia estatal no era elemento integral de los intereses económicos de las élites industriales y comerciales. En cambio, la violencia estatal seguía siendo el principal medio para proteger los intereses de la élite agraria”, determinó McCleary . Algunos finqueros, con el comandante civil de la Fuerza Aérea de Reserva, Gustavo Anzueto Vielman , a la cabeza, pusieron a disposición de los militares sus aviones y helicópteros para evacuar heridos y llevar suministros, pero el apoyo económico de CACIF “no se materializó”.

“Empresarios individuales recolectaron fondos y ayudaron a los militares pero no como actividad del sector privado organizado”, escribió la académica.

No obstante, Román Krznaric halló que la cooperación entre ambos sectores podía haber sido mucha más extensa y organizada. Como ya se mencionó, el problema a la hora de estudiar el asunto, según Krznaric , era que muy pocos empresarios estaban dispuestos a hablar sobre el involucramiento de su sector en el conflicto, y normalmente sólo lo hicieron off the record .

Uno de los pocos empresarios que abordó el tema, que aparece identificado como “alguien que ha fungido en puestos importantes de organizaciones empresariales urbanas”, contó que “sin duda el sector agroindustrial, y partes del sector industrial – que eran quienes tenían más para perder – fueron los que más apoyaron al Ejército.”

Además, agregó que “el sector privado organizado en CACIF fue el patrocinador más importante del Ejército durante la guerra”. Un tercer punto de vista es el que defiende el libro “Los dominios del poder: La encrucijada tributaria”, escrito por los guatemaltecos Mayra Palencia y J. Fernando Valdez . Según sostienen estos autores no es que un amplio grupo de empresarios no estuviesen interesados en apoyar la represión, sino que consideraban que con los recursos que ya aportaban al Estado, a través de impuestos, era suficiente.

Palencia y Valdez describen la situación así: “Era notoria la racionalidad distinta que había detrás de las argumentaciones de cada contraparte: un gobierno dirigido por una lógica de conducción gubernamental contrainsurgente reclamando sacrificios extraordinarios a los mayores contribuyentes, a los que en última instancia buscaba defender con su actuación; los empresarios demandando resultados con base en los recursos que ellos ya habían aportado por la vía tributaria o por la vía de hecho, pagando a la guerrilla los llamados ‘impuestos de guerra”.

Tal vez la mejor muestra de la complicidad entres poderes económicos y militares, es el hecho, señalado por Marta Elena Casaús Arzú : que ambos grupos compartieron puestos en la administración del Estado, aún durante los años más duros de la guerra. La académica escribió en 1993 que “Durante las últimas décadas, en las que (los poderes tradicionales) apostaron por la vía autoritaria y contrainsurgente, y delegaron en los militares ciertas tareas políticas, siempre se reservaron dos o tres ministerios claves como agricultura, economía, finanzas y en algunas ocasiones, el Ministerio de Asuntos Exteriores. Nombres como Arenales Catalán, García Granados, Ibarra Ibarguen, Díaz Durán, pertenecían a las redes familiares.”

¿Qué tan responsables?

La coautora de “Los Dominios de Poder”, Mayra Palencia , afirmó a Inforpress que los empresarios sí son responsables, hasta cierto punto, por todo el sufrimiento que se dio durante la guerra. “En este país dos sectores principalmente sabían lo que estaba pasando durante el conflicto: el sector privado y el Ejército. Y aunque no se puede decir que sobre el sector privado recaiga la misma responsabilidad por toda la sangre, que sobre las Fuerzas Armadas, hay que decir que ni un empresario alzó su voz en contra de los barbaridades cometidas por el Ejército”, opinó Palencia .

En Lo que los Ricos no Cuentan a los Pobres , el empresario anónimo anteriormente citado explicó que las élites no protestaron por una sencilla razón: “el sector empresarial estaba preocupado por su posición económica”. “En realidad la guerrilla era un ataque contra los empresarios – agricultores y industriales. (…) El papel del sector empresarial era muy claro: apoyo total para el Ejército”, sostuvo la fuente.

Por haber dado este “apoyo total”, Krznaric , tras casi una década hablando con las élites económicas guatemaltecas, concluyó que muchos empresarios, al igual que muchos militares, merecen ser enjuiciados. “¿Por qué no habría de exigírseles responsabilidad por sus acciones? Consideró que ya es hora de que activistas, abogados y organizaciones internacionales, tomen más serio la implicación de la oligarquía en la guerra. Hay razones contundentes para llevar ante los tribunales no sólo a militares, sino también a miembros de la élite económica por el papel que cumplieron en la violencia”, critica el autor británico.

También señala que hay rumores extendidos sobre el financiamiento de escuadrones de la muerte por parte de empresarios, pero reconoce que hay pocas pruebas. Krznaric subraya que hace ya una década, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico ( CEH ) describió casos que implicaban a terratenientes y empresarios en la violación de Derechos Humanos, pero han quedado impunes. Uno de ellos es el caso del Ingenio Pantaleón, propiedad de la familia Herrera . Durante los 70 y 80, los sindicalistas de esta plantación de azúcar fueron sistemáticamente asesinados. Los sindicatos aguantaron por un tiempo excepcional, afirma la CEH , pero a mediados de los ochenta, agotados por el terror, optaron por disolverse. La CEH subraya que “los vínculos que el sector patronal mantenía con las fuerzas de seguridad, en especial con la Policía Militar Ambulante, y su colaboración con la política estatal de desarticulación del movimiento sindical que incluyó la eliminación de muchos de sus líderes”.

Otro ejemplo notorio es el de Panzós, localidad de Alta Verapaz, donde en 1978 el ejercito masacró a 53 personas. Las víctimas eran campesinos que reclamaban la tierra que se les había entregado en la Reforma Agraria del presidente Jacobo Árbenz , pero que posteriormente había sido devuelta a grandes terratenientes durante la contrarrevolución. Para la CEH “este caso es ilustrativo de la influencia que ejerció el sector de propietarios agrícolas en la utilización del aparato del Estado, para que resolviera en su beneficio conflictos sobre tenencia de la tierra, aplicando la violencia armada contra campesinos pobres e involucrando al Ejército en la problemática agrícola”.