Los primeros meses del año han sido críticos para el gobierno de Guatemala, que ha tenido que apretar el cinturón en los gastos previstos para el Ejercicio Fiscal 2009, fijado en Q49,723 millones.
El ajuste obedece al efecto que en las finanzas nacionales está provocando la crisis financiera internacional que, entre otros, ha provocado la reducción en los ingresos producto de la baja demanda de bienes y servicios; la reducción en los términos de intercambio afectando principalmente el mercado de exportaciones; la caída en el envío de remesas y la contracción de la inversión extranjera directa. Desde diversos sectores se reclama falta de previsión por parte de las autoridades financieras sobre el tema ( Inforpress 1801 ).
Donde le aprieta más el zapato al gobierno es en el campo de la recaudación tributaria, ingresos con los cuales se financia el 77% del presupuesto nacional, cerca de Q38,448 millones. Datos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) reflejan que en los primeros cuatro meses del año se ha logrado un total de Q11,695.30 millones en concepto de recaudación, lo que significa una reducción de 9% respecto a lo recibido durante el mismo período en el año 2008.
En respuesta a las previsiones negativas para la economía nacional, el gobierno presentó a finales de enero el denominado Programa Nacional de Emergencia y Recuperación Económica ( PNERE ), una serie de medidas económicas y legales que permitirían, según sus promotores, un mejor manejo de la crisis. Hasta el momento pocos son los resultados del PNERE , especialmente por el poco avance de la agenda legislativa ligada al mismo y que es su parte medular ( Inforpress 1799 ).
De hecho, en su afán por hacer avanzar la aprobación de préstamos, la emisión de bonos y el paquete de leyes de modernización fiscal, el gobierno se ha visto enfrascado en varios escollos políticos. Uno de ellos el desatado por las declaraciones del presidente Colom al anunciar que la bancada de la UNE no discutirían otra normativa que no fuera la vinculada al tema. El otro a raíz de las declaraciones del sub jefe de bancada de la UNE , Nery Samayoa , cuando afirmó que el presidente disolvería el Congreso de no aprobarse el aludido paquete de leyes.
Ambas declaraciones le generaron críticas al gobierno de diferentes sectores, que argumentaron intervención del Ejecutivo en la agenda legislativa, violando el principio de independencia de poderes.
Ante las dificultades enfrentadas con el PNERE , el gobierno implementó las llamadas Normas de Ajuste de la Ejecución Presupuestaria y las Normas de Austeridad y Contención del Gasto Público del Ejercicio Fiscal 2009 (Acuerdos gubernativos 104 y 132, respectivamente), por medio de las cuales se instruía a las instituciones públicas a ajustar sus presupuestos y reducir al máximo sus gastos. El recorte aplicado oscila entre 10 y 15 por ciento en todas las instituciones.
Finalmente, la caída de las finanzas públicas obligó al Ejecutivo a realizar un recorte de Q127 millones en el traslado de fondos que por concepto de aporte constitucional y otros impuestos el gobierno realiza a las municipalidades del país.
El anuncio de dicho recorte se había previsto para el 15 de mayo, no obstante en esos días el gobierno enfrentaba una seria crisis de legitimidad ante la publicación de un video que acusaba al mandatario, su esposa y su secretario privado de ser los autores intelectuales de una serie de asesinatos en contra de conocidos empresarios del país.
Parte de la estrategia del gobierno para el manejo de la crisis fue buscar el apoyo de los alcaldes, entre otros actores, muchos de los cuales incluso participaron en la movilización de personas para la concentración pública de apoyo al gobierno celebrada el 17 de mayo en la Ciudad de Guatemala. Anunciar el recorte en la fecha prevista pudo haberle ocasionado merma en el apoyo de los ediles al presidente Colom ( Inforpress 1799 y 1800 / Boletín Municipal 188 ).
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