La posible reactivación de las actividades mineras de níquel en el departamento de Izabal, suspendidas en 1980, se suman a las concesiones para la explotación de petróleo en el debate en torno al respeto o no del derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre el uso de su territorio y en relación a la distribución de pérdidas y ganancias generadas con tales actividades. Para representantes gubernamentales Guatemala, como país periférico, depende de la demanda de las naciones ricas para la explotación de sus recursos, sujetando la actividad a la legislación vigente que prevé la obligatoriedad de presentar Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Mientras tanto, voceros de las organizaciones indígenas de la zona defienden que el proceso aplicado hasta ahora evade los compromisos adquiridos por el Estado al aprobar Convenios Internacionales y los Acuerdos de Paz, agregando que los términos de los contratos además atentan rápida y contundentemente sobre los recursos naturales que permiten su subsistencia.
DENUNCIAN ABUSO. En febrero de este
año, la empresa canadiense Geostar Metals Inc. emitió
un comunicado de prensa en el cual anunció un acuerdo con
International Nickel Company (INCO), mediante el cual
adquirió las concesiones mineras de níquel en los
municipios de El Estor, Izabal.
A
pesar de las consultas, el gobierno de Guatemala no ha divulgado datos
respecto a esta posible reactivación minera, que implica la
apertura de ocho a 10 nuevas minas a cielo abierto; hecho que debe ser
consultado con las más de treinta comunidades Q‘eqchi afectadas,
explicó a Inforpress Daniel Vogt, presidente de
la Asociación Estoreña para el Desarrollo Integral (AEPDI).
ParaVogt,
una posible reactivación de la actividad minera en el
departamento de Izabal implicaría una violación del
Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) -ratificado por Guatemala en
1996- y del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos
Indígenas, fruto de los Acuerdo de Paz, firmados en 1996. Ambos instrumentos establecen la
obligatoriedad de consultar a las comunidades indígenas respecto
al uso de la tierra en donde habitan.
El
23 de mayo de 2002, los derechos garantizados en dichos convenios
fueron convocados por el gobierno guatemalteco al derogar la
autorización que había emitido en agosto de 2001 para
permitir exploraciones petroleras en El Estor; aunque mantuvo vigente
el contrato con la Compañía Petrolera del
Atlántico (CPA) en la jurisdicción de Livingston,
a pesar de las similitudes culturales entre ambos territorios.
Los
derechos humanos de la población, y especialmente los de las
poblaciones Q‘eqchi y Garífuna, no están siendo
respetados por el gobierno ni por sus instituciones, razones por las
cuales AEPDI exigen que se suspenda toda actividad de
exploración y explotación petrolera o minera hasta que
todos los requerimientos legales sean cumplidos a través de
mecanismos transparentes, reafirmó Vogt.
EL MERCADO: LA DEPENDENCIA PERSISTE.
Gustavo Mayén, viceministro de Ambiente, explicó
durante una exposición realizada el pasado 23 de septiembre en un Taller
Regional de capacitación para periodistas mesoamericanos, auspiciado
por el Fondo Mundial para la Naturaleza y el Centro de Acción Legal -
Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), que como países periféricos
dependemos del mercado global para ver qué recursos son demandados; no
somos procesadores y necesitamos generar recursos a través de las concesiones.
No
obstante, aclaró que el tipo de metales a explotar y los
adelantos tecnológicos permiten una mengua significativa en los
niveles de contaminación hacia las fuentes superficiales de
agua, en comparación con los existentes en el pasado.
Igualmente,Mayéncitó
que toda empresa debe elaborar y presentar un Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) como requisito previo a cualquier
autorización. Además la legislación
guatemalteca permite la denuncia pública, de tal forma que si el
EIA no funciona, los pobladores que se sientan afectados pueden
demostrarlo técnicamente y el Estado tomará las medidas
correspondientes, garantizó.
Corto tiempo. La concesión por 40 años
otorgada por el Estado guatemalteco a EXMIBAL estableció que la
empresa minera podría utilizar las aguas del Lago de Izabal para el enfriamiento
de una planta generadora y otras operaciones (cuadro I).
El
agua es fundamental para el proceso de minería, pues los trozos
de roca extraídos contienen níquel mezclado con otros
materiales tales como cobalto y magnesio. Para separar los elementos y
acceder al níquel en forma pura, las rocas deben someterse a
altas temperaturas (que alcanzan los 700 grados centígrados).
Aunque
el contrato de concesión establece que la empresa minera debe
devolver al lago las aguas utilizadas sin contaminantes, no existe
disposición alguna que regule la temperatura a la cual el
líquido será vertido nuevamente, explicó Vogt.
Mucha
del agua utilizada se evaporará debido a las altas temperaturas,
pero la que quede del proceso de enfriamiento podría ser lanzada
al lago a una temperatura excesiva que pondría en riesgo la
sobrevivencia de la biodiversidad existente, agregó.
Un
cambio en la temperatura de las aguas de ríos y lagos afecta la
vida de plantas y animales que los habitan, explicó a Inforpress Oscar
Nuñez, director de proyectos de la Fundación
Defensores de la Naturaleza.
Aunque
no siempre es mencionado, el vertido de aguas a temperaturas superiores
a las normales en un cuerpo de agua se convierte en un factor peligroso
para la vida existente, agregó.
De
acuerdo con Vogt, el hecho de que se carezca de regulaciones
sobre la temperatura del agua vertida en el lago, amenaza los recursos
y las actividades ecoturísticas, de pesca, agrícolas, de
riego y de abastecimiento del líquido para los pobladores
actuales de las márgenes.
Al
incluir la cantidad de agua que se permite usar durante un segundo, el
contrato exhibe una cifra pequeña, pero luego de hacer los
cálculos nos damos cuenta que el Estado prácticamente
pone a disposición de una empresa extranjera todo el Lago de
Izabal para que sea consumido en menos de 20 días,
reprochó Vogt (cuadro II).
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I - El viejo fantasma |
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La
extracción de níquel en El Estor, departamento de
Izabal, fue autorizada por Guatemala mediante una concesión
otorgada por 40 años, a partir de 1965, a la
compañía Exploraciones y Explotaciones Mineras de
Izabal (EXMIBAL), subsidiaria de la compañía
Canadiense International Nickel Company (INCO). La
mina, que incluyó la construcción de un complejo
residencial de 700 viviendas, numerosas oficinas, un hospital, un
pequeño centro comercial, una escuela, una cancha de tenis y
una gran planta procesadora, fue edificada en las montañas del
territorio indígena Q´eqchi. Luego
de protestas populares, la ocupación de la Universidad de San
Carlos en noviembre de 1979 y el asesinato del profesor Julio
Camey Herrera, quien conformaba una Comisión que
investigaba las acciones y términos del contrato otorgado a EXMIBAL,
la empresa cesó sus operaciones en El Estor en 1982, debido al
peso de los altos costos del petróleo y la baja en los precios
de venta del níquel en el mercado internacional. |
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Fuente: Oxfam América (www.oxfamamerica.org)
y Colección 30 años de Inforpress (varias
ediciones). |
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II - Los números
del lago. |
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El
texto del contrato con EXMIBAL garantizó a la empresa
la dotación de 10.5 metros cúbicos por segundo de agua
proveniente del Lago de Izabal para las labores mineras, misma
cláusula que se pretende aplicar a la actividad que
desarrollaría Geostar Metals Inc. Los
10.5 metros cúbicos equivalen a 2,774.1 galones por segundo,
cifra que al proyectarla por minuto asciende a 166,446 galones;
9,986,760 galones por hora o 239,682,240 galones por día. El
Lago de Izabal cuenta con una extensión de 590
kilómetros cuadrados, con una profundidad promedio de 30
metros, espacio que alberga un volumen de 4,676,340,000 galones de
agua. Esto significa que el contrato permite a la empresa utilizar
una cantidad tal de agua que la totalidad de la existente en el Lago
de Izabal sería consumida en 19 y medio días. Aunque
el agua utilizada del lago será reciclada por durante el
proceso de minería, las cifras son tema de preocupación
para pobladores y analistas. |
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Inforpress Centroamericana : inforpre@inforpressca.com | 03 de Octubre de 2003  |